BUENOS AIRES.- Están en veredas políticas distintas, y hasta se enfrentaron entre ellos, pero ayer los unió la ex imprenta Ciccone Calcográfica para atacar a los dos integrantes del Poder Ejecutivo nacional; a la presidenta, Cristina Fernández, y a su vice, Amado Boudou. Se trata de la diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica) y del titular de la CGT, Hugo Moyano, quienes por diferentes razones políticas cuestionaron a la jefa de Estado y a su compañero de fórmula.
La dirigente apuntó que el "escándalo Ciccone" debe llevar a los estrados judiciales a la mandataria nacional, mientras que el camionero sostuvo que Boudou debe dar un paso al costado y dejar temporariamente el cargo hasta que se dilucide el caso de corrupción por tráfico de influencias en los tribunales.
Carta Magna
Carrió afirmó ayer que Cristina Fernández "violó reiteradamente la Constitución nacional" y anticipó que la próxima semana la denunciará ante la Justicia por el caso de la ex imprenta Ciccone Calcográfica.
"La semana que viene pediremos a la Justicia que se investigue a la Presidenta de la Nación por el caso Boudou-Ciccone", enfatizó Carrió.
En un desayuno organizado por el Instituto Hannah Arendt, aseguró: "vamos a resistir la violación de la Constitución porque queremos vivir al amparo de nuestra Carta Magna con paz y sin violencia, por eso también denunciaremos a los firmantes del decreto de necesidad y urgencia por el que se intervino la ex Ciccone".
Tras insistir con que la Presidenta ha trasgredido la Carta Magna, la diputada dijo que espera que la Justicia "termine con la impunidad". Además, advirtió que seguirá "investigando y denunciando a este grupo que delinque violando las leyes". "Si algo teme el poder es a las personas que no tienen miedo, por eso no vamos a parar", resaltó la legisladora.
En busca de la caja
La dirigente estuvo acompañada por el jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay, que también apuntó contra el Gobierno. "El modelo kirchnerista siempre busca una caja más con la cual perpetuarse y así vemos la desesperación por ir acumulando cajas", resaltó el economista.
Según el parlamentario nacional, "todas las medidas importantes que ha venido tomando el Gobierno tienen toda la impronta de lo que hemos visto en Santa Cruz durante la década del 90, así como también en su camino en su provincia Kirchner reformó la Constitución".
Como Dilma
Moyano, en tanto, se manifestó en favor de que el vicepresidente Boudou sea desplazado de su cargo "hasta que la Justicia" determine su responsabilidad en el escándalo de la ex Ciccone Calcográfica.
"Eso es lo que se debería hacer, pero evidentemente no lo hacen por algún otro motivo", expresó el líder camionero cuando por radio Mitre se le planteó que la presidenta de Brasil, Dilma Roussef, había echado a siete ministros de su gobierno por estar salpicados en casos de corrupción.
Moyano consideró que habría que, "por lo menos, separarlo de su cargo hasta que la Justicia profundice las investigaciones" en torno a Boudou, acusado de supuesto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Para el líder camionero, "evidentemente hay una protección" por parte del Gobierno nacional en favor del vicepresidente, con quien el sindicalista mantenía una muy buena relación antes de su enfrentamiento con la administración kirchnerista. "De esto no cabe duda", prosiguió, al referirse a esa hipotética protección oficial a Boudou, para añadir que no sólo se acota al vicepresidente sino que alcanza "a todos los funcionarios".
El jefe cegetista evaluó que "acá está medio país denunciado, pero cuando no son adictos al Gobierno o no están cerca del Gobierno, seguramente hay una condena tremenda".
"Ahora, cuando están cerca del Gobierno, no sé como es, (cualquier causa) se dilata, se dilata, se dilata y nunca (los involucrados) ni aparecen en la prensa", alertó. (NA-DyN)
La causa Ciccone
Laura Muñoz denunció que su ex esposo Alejandro Vandenbroele es el "testaferro" de Boudou, lo que generó la investigación en 2011.
El vicepresidente, Amado Boudou, y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que habrían facilitado la entrega de Ciccone, están ahora implicados.
El 2 de agosto el fiscal Jorge Di Lello imputó formalmente a Echegaray el jefe de la AFIP, por la moratoria excepcional otorgada a la ex Ciccone.